En julio de 2025, el gobierno de Chile solicitó la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, luego de que se revelara que no había pagado las contribuciones inmobiliarias de su vivienda en Paine durante nueve años. Este caso ha provocado un fuerte debate sobre la ética pública, la transparencia institucional y el manejo de irregularidades tributarias a altos niveles del servicio El País.
La renuncia del director del SII que destapa dilemas institucionales
El conflicto se originó cuando un reportaje difundió que Etcheberry poseía una propiedad no completamente registrada en el catastro, que además tenía construcciones sin regularizar. A pesar de comprometerse a saldar la deuda y renunciar al límite máximo de retroactividad permitido por la ley, la presión política y mediática llevó a la petición formal de su renuncia. La subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, asumirá interinamente como directora del organismo, marcando un momento de alta tensión institucional.
Más allá del caso individual, el episodio ha desencadenado reflexiones más profundas. El sociólogo Juan Pardo, en un artículo de El País, sostuvo que esta renuncia no solo refleja una falla administrativa, sino que también podría interpretarse como parte de un “reavalúo institucional”. Según Pardo, la indignación ciudadana ante irregularidades no debe percibirse como selectiva o motivada por intereses políticos, ya que eso podría afectar la legitimidad del sistema democrático en su conjunto
La importancia de este hecho para los profesionales del derecho tributario y la contabilidad es significativa:
- Genera dudas sobre la capacidad del SII para autoregularse y actuar con integridad.
- Aumenta la incertidumbre sobre cómo se manejarán futuras irregularidades dentro de la misma institución.
- Eleva la exigencia de estándares éticos en los más altos cargos del sistema tributario.
Este caso subraya la necesidad de contar con mecanismos sólidos de transparencia, rendición de cuentas y control interno en los organismos públicos encargados de la fiscalización tributaria.
Este caso demuestra que incluso las autoridades más altas pueden enfrentar consecuencias por irregularidades tributarias.
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